Gregory Sanabria: Lucha por la Justicia y la Protección Internacional

Gregory Sanabria, un ex preso político venezolano, se encuentra en una situación crítica en Estados Unidos, donde podría ser deportado de manera expedita a su país pese a tener un caso de asilo en curso. Su abogado, Kelvi Zambrano, denuncia que Sanabria fue detenido arbitrariamente, deteriorando su salud y revictimizándolo después de haber sobrevivido a torturas en Venezuela. La cuestión central radica en cómo su detención se basó en la infame ley de enemigos extranjeros, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la justicia del proceso.

Sanabria, de 31 años, cruzó la frontera sur en enero de 2022 protegida bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Su situación es aún más complicada por el hecho de que ha estado en espera de una resolución sobre su solicitud de asilo y, hasta el momento, no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Su abogado ha señalado que, dado el contexto de su detención, no existen fundamentos legales que justifiquen su arresto, lo que resalta la arbitrariedad del accionar de los cuerpos de seguridad involucrados.

Desde su detención el 12 de junio, Gregory ha enfrentado serios problemas de salud. Su abogado ha enfatizado que antes de su arresto, presentaba síntomas de fiebre y malestar general, que persistieron después de su detención. Se teme que esta revictimización no solo afecte su bienestar físico, sino también su salud mental, considerando el trauma que ya ha sufrido en Venezuela. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el estado de Sanabria y han instado a las autoridades a actuar con humanidad y respeto por los derechos humanos.

Distintas organizaciones civiles, alarmadas por la inminente deportación de Sanabria, han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han contactado la Relatoría contra la Tortura de la ONU. Estas iniciativas buscan garantizar que Estados Unidos respete el principio de no devolución, un estándar internacional que protege a las personas que corren el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos si son deportadas a sus países de origen. Los abogados argumentan que, bajo la Convención contra la Tortura, esta protección es esencial para Sanabria.

El 1 de julio, Sanabria enfrenta una audiencia preliminar en la corte, donde se revisará el fondo de su solicitud de asilo político. Sin embargo, la presión sobre su caso es intensa, ya que hay riesgo de que su deportación ocurra antes de esta fecha crítica. Organizaciones del exilio venezolano, como Amavex y Veppex, han hecho un llamado a la administración actual para actuar con compasión, recordando que la vida de Gregory está en juego si es obligado a regresar a Venezuela.

La situación de Sanabria no solo pone de relieve el peligro que enfrentan los disidentes en Venezuela, sino que también refleja las tensiones en el sistema de inmigración de Estados Unidos. Las decisiones arbitrarias en la detención de solicitantes de asilo y la aplicación de leyes controvertidas continúan generando preocupación entre defensores de derechos humanos. La historia de Gregory Sanabria es un recordatorio de la urgente necesidad de proteger a quienes buscan refugio y justicia en un nuevo país, y un llamado a las autoridades para que actúen con humanidad y respeto a los derechos humanos universales.

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