Escalada Represiva en Venezuela: Una Llamada a la Justicia

El pasado 9 de agosto de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) emitió un contundente comunicado denunciando una creciente “escalada represiva” contra los familiares de los presos políticos en Venezuela. Este alarmante incidente se dio en el marco de una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde los familiares de los detenidos fueron agredidos. La Defensoría del Pueblo reconoció la violencia, pero el silencio del TSJ ante los hechos ha generado preocupaciones sobre la falta de justicia en el país.

Durante la vigilia, se reportó que fuerzas policiales se retiraron de la zona, permitiendo que grupos paramilitares afines al gobierno atacaran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores de derechos humanos. El Clipp condena esta acción y considera que representa un claro ataque a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Según la ONG, los agredidos enfrentaron golpes, disparos y constantes insultos de aquellos que intentaron acallar su demanda por justicia.

El Clipp subraya que el TSJ no ha tomado medidas para identificar ni procesar a los responsables de estas agresiones, a pesar de que existen grabaciones de seguridad que documentan el ataque en sus instalaciones. Esta falta de acción ha aumentado la desconfianza en el sistema judicial venezolano, que ya es visto por muchos como un instrumento de represión en lugar de defensa de los derechos fundamentales.

Además de la agresión a los familiares, Martha Grajales, una activista de la ONG SurGentes, fue arrestada de manera arbitraria tras participar en una manifestación de solidaridad. Este hecho resalta el riesgo que enfrentan aquellos que alzan la voz contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El Clipp exhorta a la sociedad a no permitir que estas atrocidades queden en el silencio y a mantenerse firmes en la lucha por la liberación de los presos políticos.

El problema es aún más complejo, ya que la ONG Foro Penal reporta que actualmente hay 807 personas detenidas por razones políticas, a pesar de que el Gobierno y la Fiscalía desmienten la existencia de tales arrestos. Este ciclo de negación agrava la situación, ya que socava la confianza en las autoridades y en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Finalmente, el Clipp hace un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, para que sigan visibilizando lo que ocurre en el país. Exigen que se demande al Estado venezolano el cese de la “violencia institucional” y la liberación inmediata de todos los presos políticos. La lucha por los derechos humanos en Venezuela necesita ser respaldada a nivel global para garantizar que las voces de los agredidos y sus familias no se apaguen en la oscuridad de la represión.