La Extorsión en las Aduanas de Venezuela: Un Informe Alarmante de Transparencia Venezuela
Un reciente informe de Transparencia Venezuela ha puesto al descubierto el alarmante nivel de extorsión que se vive en las aduanas portuarias del país, revelando que estas prácticas delictivas generan aproximadamente 1,4 millones de dólares diarios. Esto equivale a unos 42 millones de dólares mensuales que se obtienen a través de métodos ilegales, destacando un fenómeno que se ha arraigado en la cotidianidad de los venezolanos. La ONG señala que esta situación se agrava debido a la complicidad de funcionarios estatales que, en lugar de proteger a los ciudadanos, se convierten en cómplices de las organizaciones criminales que operan en el país.
La normalización de la extorsión refleja un grave debilitamiento del estado de derecho. Según el análisis realizado, muchos funcionarios del gobierno participan activamente en la extorsión, tanto de manera directa como permitiendo la operación de criminales. El informe sugiere que el intercambio entre los ciudadanos y los funcionarios a menudo se convierte en una especie de "colaboración" en la que los dueños de las cargas se ven obligados a pagar tarifas fijas en lugar de declarar adecuadamente lo que traen en sus contenedores. Esta situación se ha hecho más evidente a través de los envíos "puerta a puerta", donde las tarifas son impuestas por las autoridades y fuerzas militares encargadas de la seguridad en los puertos.
Al revisar las cifras, Transparencia Venezuela estima que estos delitos han generado ingresos ilegales significativos, alcanzando alrededor de 1.394 millones de dólares solo en 2022. Sin embargo, en 2023, la combinación de la caída en las importaciones y el aumento de las regulaciones en el sector ha llevado a un descenso en estos ingresos, que ahora se estiman en 900 millones de dólares. Para 2024, se anticipa una reducción aún mayor, con ingresos proyectados de 504 millones de dólares, lo que representa una disminución notable en la actividad extorsiva.
La Asociación de Agentes de Carga y Aduanas de Venezuela (Asocav) reporta un aumento del 35% en las importaciones durante 2024, lo que podría influir en la dinámica de las extorsiones. Sin embargo, el entorno de las aduanas continúa marcado por la corrupción, ya que su superintendente, José David Cabello, es un miembro cercano del círculo político que consume la mayor parte del presupuesto del país, generando una preocupación adicional sobre la falta de transparencia y responsabilidad en este sector.
Las fronteras terrestres también enfrentan la sombra de la extorsión, donde la práctica conocida como "matraqueo" ha cobrado fuerza. Investigaciones muestran que militares y policías exigen pagos irregulares que comienzan desde 20 dólares por persona, lo que permite a estos cuerpos de seguridad recaudar grandes sumas de dinero en una sola noche. Las fronteras de Táchira y Apure son especialmente problemáticas, donde estos métodos extorsivos se convierten en una tumba para quienes intentan transitar y una mina de oro para los extorsionadores.
La evidencia recolectada por Transparencia Venezuela indica que la probabilidad de enfrentar extorsiones se sitúa en un 25%, lo que lleva a miles de ciudadanos a enfrentar esta realidad. De cada cuatro puntos de control que se encuentran en las carreteras, al menos uno realiza cobros ilegales. Para aliviar esta presión, se están implementando prácticas de prepago en los puntos de salida de los camiones de carga, permitiendo que los conductores eviten las paradas y los pagos a lo largo de sus rutas. Sin embargo, estos cambios no hacen más que reflejar la profunda crisis de corrupción y extorsión que permea todos los niveles del sistema en Venezuela, lo que pone en entredicho el futuro de la economía y la seguridad de sus ciudadanos.
