La Situación de Eduardo Torres: Una Urgente Denuncia de Provea
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha emitido una grave denuncia sobre la situación del activista Eduardo Torres, quien se encuentra detenido desde el 9 de mayo en Caracas. A través de un comunicado, Provea lamenta la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la presentación de una acción de Habeas Corpus en favor de Torres, la cual fue interpuesta hace 90 días. Esta situación refleja una preocupante inacción judicial que destaca la crisis de derechos humanos en Venezuela.
La ONG subraya que, según la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, el TSJ dispone de un plazo máximo de 96 horas para tramitar la solicitud de Habeas Corpus. Sin embargo, este plazo ha sido ignorado por los magistrados de la Sala Constitucional del tribunal. Esta irregularidad no solo pone en evidencia la falta de compromiso con la ley, sino que también agrava el riesgo a la integridad personal de Eduardo Torres, un defensor de derechos humanos encarcelado en condiciones inciertas.
Provea ha insistido en que la falta de diligencia por parte del TSJ no solo vulnera la legislación vigente, sino que también contraviene el artículo 27 de la Constitución venezolana, que dispone que los jueces deben actuar con prontitud. Esta omisión culmina en un agonizante estado de incertidumbre para los familiares de Torres, quienes han sido privados de información sobre su estado de salud y condiciones de reclusión. La omisión judicial se ha transformado en un motivo adicional de angustia para sus seres queridos.
El escaso acceso a información también se ve perpetuado por las circunstancias de la detención de Torres. Se ha informado a sus familiares que el activista se encuentra recluido en El Helicoide, un centro penitenciario conocido por su reputación como “epicentro de la tortura en Venezuela”. Esta falta de acceso para verificar las condiciones de su detención plantea un escenario alarmante, ya que ni sus familiares ni su equipo legal han podido visitarlo. Este aislamiento prolonga su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo su bienestar tanto físico como psicológico.
Además de la violación de derechos específicos, la inacción del TSJ también contraviene la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual obliga a adoptar medidas preventivas para proteger a personas en situaciones de riesgo. La falta de respuesta del sistema judicial ante estos requerimientos legales no solo continúa afectando a Eduardo Torres, sino que también socava la confianza del público en las instituciones de justicia en Venezuela. Provea ha exigido que los jueces y magistrados cumplan con su responsabilidad de proteger a aquellos que han sido detenidos de manera arbitraria.
En conclusión, la situación de Eduardo Torres es un claro reflejo de la crisis de derechos humanos que persiste en Venezuela. La falta de respuesta y acción del TSJ agrava la angustia de sus familiares y profundiza las violaciones de derechos humanos en el país. Provea apela a la comunidad internacional para que preste atención a este caso, resaltando la necesidad de una intervención urgente que garantice la seguridad de Torres y el respeto a los derechos fundamentales en el país. La lucha por la justicia y los derechos humanos en Venezuela sigue siendo una batalla crítica que requiere visibilidad y acción inmediata.
