Denuncia Contra la Fiscal Octava del Zulia: Mariangelis Araque Díaz
La denuncia presentada ante el Ministerio Público contra Mariangelis Araque Díaz, fiscal octava del Zulia, ha generado gran revuelo por las acusaciones de corrupción. Según un documento consignado por Jaime Jesús Ruiz Bernal, padre del privado de libertad Jaime Andrés Ruiz Salamanca, la fiscal le habría exigido 10 mil dólares para “ayudar en la causa” de su hijo. Este caso resalta la grave situación de corrupción que enfrenta el sistema judicial en Venezuela, atrayendo la atención sobre presuntos abusos y prácticas ilegales.
Contexto de la Situación
Los hechos comenzaron el 5 de junio, cuando la fiscal Araque Díaz acudió a la empresa J&J Shield Armoring C.A., propiedad de Ruiz Salamanca, con el objetivo de realizar una inspección tras una demanda civil interpuesta por una mujer que acusaba a Ruiz Salamanca de la compra irregular de un inmueble. Esta controversia fue ya resuelta en tribunales civiles, donde la demandante no pudo demostrar su propiedad sobre el inmueble en cuestión. Sin embargo, la fiscal decidió avanzar en el ámbito penal, dirigiéndose en persona a la compañía de blindaje.
La situación se complicó cuando Araque Díaz presentó, de forma sorpresiva, una orden de aprehensión previamente emitida contra Ruiz Salamanca. El padre del detenido denuncia que esta orden no había sido notificada a las autoridades de seguridad presentes, ni registrada en el sistema Siipol, lo que genera serias dudas sobre la legalidad de sus acciones.
Incautación de Bienes
Además de arrestar a Ruiz Salamanca, la fiscal Araque Díaz incautó 13 vehículos y dos embarcaciones que pertenecían a clientes de la empresa. El padre del detenido afirma que no existió una decisión judicial que fundamentara esta acción, lo que califica como una medida de hecho ilegal. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre el respeto al derecho de propiedad y el accionar de las autoridades en la gestión de bienes, que podrían considerarse un abuso de poder.
Exigencia de Dinero
El documento de denuncia destaca una “exigencia de pago ilegal” a nombre de la Fiscalía Octava. El 23 de junio, una ciudadana llamada Rotceh Vegas Pineda se presentó en el centro de detención donde estaba Ruiz Salamanca, y, según testimonios, fue enviada por la fiscal para “ayudar en la causa”. Este encuentro suscita serias preocupaciones sobre la ética y la integridad de las acciones de la fiscal, que parecen estar alineadas con prácticas de corrupción.
Ruiz Salamanca, al no conocer a Pineda, no tomó en consideración su solicitud inicial. Sin embargo, tras investigar en redes sociales, su hijo encontró fotografías de Pineda junto a la fiscal, lo que lo llevó a concertar una reunión con ella. Durante este encuentro, Pineda alegó haber sido enviada para coordinar la devolución de los vehículos incautados a cambio de 10 mil dólares. Este tipo de prácticas es alarmante y pone de manifiesto un patrón de corrupción en el manejo de casos legales.
Confirmaciones y Mensajes
Durante la reunión entre Pineda y Ruiz Salamanca, se confirmaron los ofrecimientos de la fiscal, según un relato detallado en la denuncia. Pineda alegó que Araque Díaz hacía lo que ella dijera y que podían solucionar el caso directamente en la fiscalía, evitando así el proceso judicial. Para demostrar buena fe, se prometió el regreso de una camioneta Ford F-150 que había sido incautada. Estas afirmaciones se vieron respaldadas por múltiples mensajes de WhatsApp intercambiados entre el 23 y el 26 de junio, lo que refuerza la acusación.
El denunciado ha solicitado una investigación exhaustiva por parte del Fiscal General sobre las irregularidades en este caso. Este llamado a la acción es indicativo de una creciente preocupación social y judicial en el país, donde la confianza en el sistema está siendo severamente cuestionada.
Implicaciones y Conclusión
La denuncia contra la fiscal Araque Díaz no solo implica a una figura prominente del sistema judicial en Venezuela, sino que también saca a la luz un posible esquema de corrupción sistemática que afecta a innumerables ciudadanos. Esta situación es un recordatorio de la lucha constante que lleva el país contra el abuso de poder y la corrupción en sus diversas formas.
La comunidad espera una respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes, así como medidas concretas que contribuyan a la restauración de la justicia y la legalidad. La transparencia y la equidad deben ser el sello distintivo de cualquier sistema judicial, y los recientes eventos plantean un relevante desafío para el gobierno y la sociedad venezolana en su totalidad.
