Violaciones a la Libertad de Expresión en Venezuela: Informe de Julio 2025
Durante el mes de julio, la organización Espacio Público hizo un importante seguimiento a las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, documentando un total de 18 incidentes. El informe resalta que el 61,11 % de estos casos se relacionaron con actos de intimidación, seguidos por censura, hostigamiento judicial y verbal. Estos datos reflejan un clima de creciente represión hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, donde las principales víctimas han sido periodistas, representando el 66 % de los casos reportados, así como ciudadanos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Los cuerpos de seguridad del Estado fueron los principales responsables de estas violaciones, con un 61,54 % de los casos atribuidos a estas autoridades. Además, los registros de violaciones se concentraron en plataformas digitales (27,27 %) y en varias entidades del país, incluyendo Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital. Este aumento significativo en los incidentes durante julio convierte a este mes en el tercero con mayor número de violaciones documentadas en lo que va del año 2025, lo que subraya la urgencia de abordar la situación de los derechos humanos en el país.
Un evento crítico en el mes fue la jornada electoral del 27 de julio, que se destacó por 10 violaciones que afectaron de manera directa la cobertura periodística. Durante este evento, funcionarios del Plan República y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) obstaculizaron el trabajo de los periodistas acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en diversos centros de votación. En estados como Cojedes y Lara, se exigió la presentación de cédulas, se eliminaron materiales gráficos y se fotografiaron a los comunicadores, como Pilar Guerra y otros de El Impulso, generando un ambiente de hostigamiento que limitó la labor informativa.
La situación no mejoró con el cierre del canal zuliano Telecolor el 3 de julio, una medida impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que fue llevada a cabo con el respaldo de fuerzas militares. Esta acción tuvo graves repercusiones, dejando a decenas de trabajadores sin empleo y afectando severamente el acceso a la información en la región occidental del país, lo que evidencia una estrategia de control sobre los medios de comunicación y la información.
En el ámbito judicial, la criminalización de los ciudadanos por sus expresiones simbólicas y publicaciones digitales continuó siendo una preocupación. Un caso alarmante incluye la condena de Génesis Pabón y Rocío Rodríguez a 10 años de prisión por portar camisetas que mostraban la caída de una estatua de Hugo Chávez. Asimismo, permanecen detenidos sin juicio el articulista Ángel Godoy, de Punto de Corte, y el estudiante Simón Bolívar Obregón, apresado por presuntos funcionarios encapuchados. Adicionalmente, se dio a conocer la detención de Evelin Velásquez, conocida como “La hija de Dios”, a raíz del contenido que publicó en TikTok, lo que pone de manifiesto la vigilancia y represión que afectan a quienes utilizan plataformas digitales para expresarse.
Los días 13 y 14 de julio, se reportaron preocupaciones por parte de los familiares de los periodistas detenidos Víctor Ugas y José Camero, quienes denunciaron la falta de atención médica y solicitaron información sobre el estado de salud de estos. Camero fue excarcelado el 21 de julio, aunque bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y un régimen de presentación, lo que sugiere que aún enfrenta riesgos en un contexto legal desfavorable.
En conclusión, el mes de julio de 2025 ha evidenciado un aumento alarmante en las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, afectando principalmente a periodistas y ciudadanos. La combinación de actos de intimidación, censura y hostigamiento judicial crea un clima opresivo que dificulta el ejercicio del periodismo y la libre expresión. Es fundamental que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúen monitoreando esta situación, promoviendo el respeto por los derechos fundamentales y apoyando a quienes luchan por la libertad de expresión en el país.
