Toque de Queda en Pataz: Medidas Urgentes Contra la Criminalidad
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado la implementación de un toque de queda en el distrito de Pataz, tras el trágico hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores vinculados a la operación de la minera Poderosa. Esta medida, que se aplicará desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, busca restablecer el orden y combatir el incremento del crimen organizado relacionado con la minería ilegal. En este contexto, Boluarte subrayó la importancia de la intervención de las Fuerzas Armadas, que asumirán el control total en la zona afectada, mientras se suspenderán las actividades mineras durante un mes para facilitar la presencia militar y policial.
El alarmante aumento de la violencia en la provincia de Pataz, que cuenta con aproximadamente 88,000 habitantes y está situada a unos 900 kilómetros de Lima, ha llevado a que esta zona sea declarada en estado de emergencia desde febrero de 2024. Esta declaración se produjo en respuesta al alarmante crecimiento de crímenes, que han sido engendrados por la fiebre del oro y la profunda vinculación de la minería ilegal con organizaciones criminales. La minera Poderosa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, ha sido blanco de ataques recientes por parte de bandas armadas que buscan aprovechar la situación.
Boluarte enfatizó la gravedad de la situación, indicando que la minería ilegal mueve cantidades exorbitantes de dinero, superando incluso los ingresos del narcotráfico. “Debemos dar una batalla decidida y ganar esta guerra”, afirmó la presidenta, aludiendo a la necesidad de adoptar medidas efectivas para frenar estos delictivos. Esta violencia descontrolada ha resultado en el asesinato de 39 colaboradores en el sector minero desde 2022, lo que refleja un grave deterioro en la seguridad de la región.
Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera Poderosa, lamentó el incremento en la violencia y los asesinatos, indicando que el último ataque eleva a 39 el total de funcionarios y trabajadores del sector que han sido asesinados a manos de bandas criminales. La situación es crítica, con una creciente ola de extorsiones y violencias que ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en múltiples regiones del país.
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera han revelado operaciones sospechosas por un total aproximado de 8,241 millones de dólares en relaciones con la minería ilegal entre 2013 y 2023. Estas cifras ponen de manifiesto la seriedad del problema y la necesidad de una intervención más contundente por parte de las autoridades. Es esencial que el gobierno actúe para desmantelar estas redes criminales que están socavando la seguridad y bienestar de diversas comunidades.
Con la esperanza de recuperar el control y desmantelar las organizaciones criminales que operan en la región, el gobierno de Boluarte se enfrenta a un desafío monumental. La necesidad de abordar los factores subyacentes que propician la minería ilegal será clave para lograr una solución sostenible a largo plazo. Las autoridades deberán priorizar la seguridad y el desarrollo agrícola, promoviendo alternativas viables para las comunidades que dependen de estas actividades, mientras se trabaja activamente para restaurar la paz en Pataz y en otras áreas afectadas del país.
