Título: Intento de usurpación en la empresa Jiulong Engineering Corporation S.A. en Venezuela
En un preocupante desarrollo, dos ciudadanos de origen chino han sido denunciados ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por presuntamente intentar apoderarse de Jiulong Engineering Corporation S.A. (Jecsa), una empresa clave que proporciona servicios a la Petroquímica de Venezuela (Pequiven). La acción se enmarca dentro del contexto crítico de la petroquímica en el país, donde la planta de amoníaco, ubicada en Morón, Carabobo, juega un papel vital para otros seis complejos dedicados a la producción de urea, fundamental para el sector agrícola local.
El presidente de Jecsa, Franklin Armando Hernández Gutiérrez, ha sido el encargado de levantar la denuncia tras una serie de eventos sospechosos que incluyeron la imposibilidad de entrar a las instalaciones de la empresa. Durante un intento de ingreso el pasado 13 de junio, individuos identificados como Gao Yufeng y Editza Oliveros le impidieron el acceso, alegando que él ya no era el propietario de la organización. A raíz de esta situación, Hernández Gutiérrez decidió investigar más a fondo, accediendo al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) donde descubrió que una Asamblea Extraordinaria había sido registrada fraudulentamente, alterando la estructura de la empresa sin su consentimiento.
Como parte del procedimiento para documentar su denuncia, Hernández Gutiérrez solicitó una inspección judicial en las instalaciones de Jecsa, la cual fue autorizada por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas. Durante la inspección, se corroboró la utilización de documentos y sistemas informáticos con la identidad corporativa de Jecsa, además de que se interrogó al personal, quienes confirmaron que estaban trabajando bajo la dirección de un ciudadano chino y que se había comunicado que Jecsa estaba en proceso de transmisión de propiedad.
Las implicaciones legales de la denuncia son serias y abarcan una serie de delitos sospechosos. Hernández Gutiérrez ha indicado que estas acciones podrían incluir Falsificación de Documentos Mercantiles y Usurpación de Funciones, así como el uso indebido de documentos públicos o privados. Estos delitos tienen consecuencias graves, especialmente en un contexto donde la transparencia y la ley son esenciales para el funcionamiento de negocios en Venezuela.
Adicionalmente, se presumen actos de Delito contra la Administración Pública, ya que existe la posibilidad de que se esté engañando al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) mediante la manipulación de la documentación legal de la empresa. También se han señalado actos de "Estelionato Mercantil", que implican la utilización fraudulenta de una empresa constituida legalmente con el fin de obtener beneficios económicos ilícitos. El quinto delito subyacente es la Inscripción Falsa en el Registro Mercantil, donde se presentaron documentos no autorizados ante el Registro Mercantil Primero del estado Carabobo.
Las autoridades competentes están ahora en el proceso de investigar a fondo estas acusaciones. La situación ha generado preocupación no solo por la integridad de Jecsa, sino también por el posible impacto en la industria petroquímica venezolana, que es crucial para la diversificación económica que tanto se anhela en el país. La proyección del nuevo modelo económico planteado por el presidente Nicolás Maduro depende de la robustez y el funcionamiento efectivo de industrias como la de la petroquímica, donde la urea es un insumo esencial para la agricultura.
Este caso subraya la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre la legalidad de las operaciones empresariales en Venezuela, especialmente con un panorama económico tan volátil. La comunidad empresarial y los inversores deben estar atentos a estos desarrollos, ya que acciones como las denunciadas pueden tener efectos profundos en la confianza empresarial y en la atracción de inversiones, elementos esenciales para el desarrollo del país en el contexto de su nueva economía no dependiente del petróleo. La resolución de este caso no solo determinará el futuro de Jecsa, sino que también sentará un precedente importante para la protección de empresas en Venezuela.
