Protesta de Trabajadores Universitarios en Venezuela: Un Clamor por Salarios Dignos y Educación de Calidad
El 19 de marzo de 2023, los trabajadores universitarios de Venezuela se congregaron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para conmemorar el Día del Trabajador Universitario. Esta movilización incluyó a profesores, personal obrero y jubilados que exigieron un aumento en sus salarios, mejores condiciones laborales y un presupuesto adecuado para las universidades. La vicerrectora académica de la UCV, María Fátima Garcés, expresó la urgencia de sensibilizar a la sociedad sobre la crítica situación que enfrenta la educación superior en el país. La manifestación fue un llamado al respeto de los derechos consagrados en la Constitución y de la autonomía universitaria.
Uno de los principales puntos de la protesta fue la solicitud de un aumento inmediato del salario congelado que, desde hace tres años, se sitúa en apenas 130 bolívares, equivalentes a menos de dos dólares. Este monto es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores universitarios. Argelia Castillo, secretaria general de Apufa UCV, destacó que muchos profesionales universitarios se ven obligados a recurrir a actividades informales para sobrevivir, como vender comidas. La precariedad laboral está afectando tanto a los docentes como al personal obrero y jubilado, quienes demandan un cumplimiento riguroso de las convenciones colectivas y la Constitución.
Los estudiantes también jugaron un rol fundamental en la protesta, exigiendo becas dignas y el respeto a la autonomía universitaria. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), subrayó la crítica situación de las becas, que apenas alcanzan cinco dólares. Esta cantidad no es suficiente para cubrir los gastos de transporte y conlleva a que muchos estudiantes enfrenten dificultades para recibir una formación académica adecuada. Suárez realizó un llamado al gobierno, enfatizando la necesidad de garantizar un entorno seguro y libre de perjuicios para el desenvolvimiento académico de los estudiantes.
La crisis no se limita a las universidades centrales; instituciones en el interior del país también sufren por la falta de servicios básicos. Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, advirtió sobre los graves problemas de electricidad, agua e internet que enfrentan. Esta situación ha llevado a una diáspora significativa y una alarmante tasa de deserción estudiantil cercana al 70%. Los educadores y personal administrativo están dejando el país o abandonando sus puestos debido a las malas condiciones laborales y la crisis económica.
Las organizaciones gremiales y sindicatos que participaron en la movilización exigieron el cumplimiento de la Constitución, que establece derechos laborales fundamentales. Jesús Jaramillo, coordinador del gremio de jubilados y pensionados, subrayó que el artículo 91 de la Constitución debería garantizar un salario ajustado anualmente de acuerdo a la canasta alimentaria. A pesar de las demandas, los manifestantes se encontraron con la resistencia de la Policía Nacional Bolivariana, que impidió su avance hacia el Ministerio de Educación Universitaria.
Los datos sobre los salarios universitarios son alarmantes. Según la Academia Nacional de Ciencias Económicas, un profesor titular en una universidad pública venezolana gana aproximadamente ocho dólares al mes, mientras que un profesor instructor recibe cinco y un docente asistente a medio tiempo apenas dos dólares. Estas cifras indican una pérdida del 93% en el poder adquisitivo en los últimos tres años, situando a Venezuela entre los países con los ingresos más bajos para educadores universitarios a nivel mundial. Esta situación crítica plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema educativo y la viabilidad del futuro de la educación superior en Venezuela.
La lucha de los trabajadores universitarios es un reflejo de la crisis más amplia que enfrenta el país y la necesidad urgente de garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad. A medida que el contexto económico continúa deteriorándose, es imperativo que los responsables tomen medidas efectivas para atender las demandas legítimas de la comunidad educativa y asegurar que la educación en Venezuela mantenga sus estándares y principios fundamentales.
