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El feudo de Prados del Este: 25 años de poder y opacidad

EditorPor Editorjunio 18, 2025No hay comentarios4 Minutos de lectura
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La Controversia en Prados del Este: Un Drama de Poder y Abuso en Caracas

En Prados del Este, un próspero vecindario en Baruta, Caracas, ha surgido un tenso conflicto que subraya la complejidad de la gestión comunitaria. Este drama se ha prolongado por más de 25 años, centrado en torno a la Asociación de Vecinos (ASOPRAES) y su lideresa, Kiomara Scovino. La comunidad local ha denunciado una presunta red de corrupción y abuso de poder, donde las elecciones transparentes brillan por su ausencia. Este artículo examina las diversas acusaciones y el intento de los residentes por recuperar el control de su comunidad, reflejando un claro llamado a la participación ciudadana y la transparencia.

El epicentro de estas denuncias gira en torno a la figura de Kiomara Scovino, quien ha sido acusada de manipular el sistema para mantener un control férreo sobre el vecindario. Entre las irregularidades denunciadas, se encuentran cobros arbitrarios en la conocida "redoma", ahora convertida en un polémico "Mercado de Corotos". Las quejas son múltiples, desde tasas cambiarias ambiguas hasta el desconocimiento del destino de los fondos recaudados por ASOPRAES. Los comerciantes consideran que hay un patrón sistemático de corrupción y falta de transparencia que debe ser abordado urgentemente.

Particularmente alarmante es el esquema de cobros que incluso exige un “pago diario”, independientemente de la presencia en el mercado. Además, la política de cambio monetario de ASOPRAES, que no utiliza la tasa del momento del pago, ha sido interpretada como una forma de manipulación. Los nuevos proveedores enfrentan una barrera de entrada con un depósito inicial de 60 dólares, lo que muchos consideran injustificable. La falta de claridad en las tarifas, que varían sin una razón aparente, agrava la desconfianza que sienten los comerciantes hacia la asociación.

Otro aspecto inquietante del conflicto se refiere al control que ASOPRAES ejerce sobre el desarrollo urbanístico en la zona. Denuncias de acoso hacia nuevos emprendimientos y comerciantes establecidos resaltan un patrón de hostigamiento que no sólo afecta a los vendedores en el mercado. Se ha informado que proyectos de mayor envergadura, como la construcción de un Farmatodo, han sido bloqueados a pesar de contar con los permisos adecuados, lo que deja entrever un ejercicio de poder que parece favorecer intereses particulares en detrimento de la comunidad.

Como respuesta a estos problemas, los habitantes han tomado la iniciativa de crear un Consejo Comunal. Este movimiento busca reequilibrar el poder en la gestión local y es visto como un acto de resistencia contra lo que muchos consideran un liderazgo fallido y autoritario. Estas acciones son un llamado a la participación activa de los vecinos, quienes anhelan un espacio donde su voz sea escuchada y sus necesidades atendidas. El Consejo Comunal podría ser la vía para hacia una administración más transparente y efectiva.

La resistencia de la comunidad ha revelado una dinámica de poder muy complicada. A pesar de la existencia de estatutos que regulan la elección de la junta directiva, los residentes alegan que la actual directiva ha manipulado los procesos para perpetuarse en el poder. El hecho de que se les impida participar en las elecciones crea un estado de incertidumbre y desconfianza que oscurece aún más el panorama. La búsqueda de un nuevo equilibrio a través de la creación del Consejo Comunal es, sin duda, un paso crucial para reclamar una gestión más democrática y representativa.

En resumen, la situación en Prados del Este refleja una lucha por el poder donde la comunidad se enfrenta a un liderazgo cuestionable y su falta de transparencia. La denuncia de prácticas corruptas y el abuso de autoridad en torno a ASOPRAES resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión comunitaria. La formación del Consejo Comunal es un intento esperanzador por parte de los residentes para tomar el control de su entorno y promover un desarrollo equitativo y sostenible. Con las autoridades municipales y el Ministerio Público en la mira, la comunidad no sólo busca justicia, sino un futuro donde el bienestar de todos sus habitantes prevalezca sobre los intereses particulares.

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