Denuncias de Provea sobre la Impunidad Tras las Protestas de 2024 en Venezuela
La organización no gubernamental Provea ha realizado una alarmante denuncia este 29 de julio, un año después de las protestas poselectorales de 2024 en Venezuela. Según su informe, al menos 25 asesinatos relacionados con estos eventos siguen sin ser debidamente investigados, lo que plantea serias inquietudes sobre la falta de acción por parte del Ministerio Público. La ONG subraya la urgencia de abordar estos crímenes, destacando la inacción que parece prevalecer en el sistema judicial del país.
Uno de los casos más críticos mencionados por Provea es la masacre ocurrida el 29 de julio de 2024, en la Redoma de San Jacinto, Maracay. En este trágico incidente, siete personas perdieron la vida tras el ataques de supuestos funcionarios de cuerpos de seguridad contra manifestantes pacíficos. Entre las víctimas se encontraba José Antonio Torrents Blanca, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. La falta de justicia en este y otros casos ha acentuado el sentido de crisis en la protección de los derechos humanos en Venezuela.
Provea también identificó a otras víctimas del ataque, como Rancés Daniel Yzarra Bolívar, Anthony David Moya Mantía, y Jesús Gregorio Tovar Perdomo, entre otros. Este desglose de los nombres y las circunstancias de sus muertes sirve para humanizar las estadísticas y recordar que detrás de cada cifra hay vidas devastadas y familias afligidas. La ONG enfatiza la necesidad de responder a las demandas de justicia de los familiares de las víctimas, quienes merecen con urgencia conocer la verdad sobre lo ocurrido.
El compromiso de los organismos internacionales con la protección de los derechos humanos resuena en el llamado de Provea, quien cita el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Este protocolo establece que las investigaciones deben ser rápidas, imparciales y eficaces. La organización insiste en que la impunidad no debe prevalecer y que es imprescindible establecer una cultura de rendición de cuentas para evitar futuros abusos.
En su comunicado, Provea reafirma el derecho de los familiares a obtener respuestas y reconocimiento de lo sucedido. “La prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad”, aseguraron. La falta de pronunciamiento por parte de las autoridades es alarmante y genera un contexto de desconfianza. Sin una respuesta judicial adecuada, las víctimas y sus familias quedan atrapadas en una espiral de sufrimiento y desesperanza.
Por último, Provea ha manifestado su compromiso de seguir apoyando a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia. “Seguiremos acompañando a los familiares de las víctimas en su reclamo de justicia, exigiendo el cese de la impunidad y la adopción de medidas para brindar garantías de no repetición”. La labor constante de esta ONG es vital para mantener viva la memoria de las víctimas y presionar por un cambio en la narrativa de impunidad que parece caracterizar los últimos años en Venezuela.
