La Licitación del Canal Uno: La Controversia en el Gobierno de Gustavo Petro

Durante un consejo de ministros el 15 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal Uno, a pesar de que su concesión actual está vigente hasta 2037. Esta decisión ha causado revuelo y controversia, ya que el mandatario sostiene que busca “una nueva forma de manejar la televisión”, enfatizando que debería estar a cargo de “juventudes, arte y cultura”, más que de “potentados económicos”. La medida se ve en un contexto tenso entre el Ministerio de las TIC y Plural Comunicaciones SAS, la empresa que opera actualmente el canal.

El presidente no proporcionó detalles específicos sobre cómo se justificaría la caducidad de la concesión, pero insinuó que existen “irregularidades”. Ramiro Avendaño, presidente de Canal Uno, reaccionó afirmando que no hay base legal para la solicitud de Petro, dado que la concesión está amparada por la ley hasta 2037. Avendaño cuestiona las motivaciones políticas detrás de esta acción, sugiriendo que podría haber un intento de socavar un medio de comunicación que defiende la libertad de prensa y la democracia.

Las alegaciones del Ministerio de las TIC apuntan a una modificación no autorizada en la estructura accionarial de Plural Comunicaciones, lo que genera un “presunto incumplimiento contractual”. De acuerdo con la normativa, cualquier cambio en la participación accionaria debe ser aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que ahora ejerce el MinTIC. La empresa, sin embargo, defiende que sus modificaciones de socios están permitidas y que no han cambiado la propiedad del Canal Uno. De hecho, la Superintendencia de Sociedades ha respaldado esta posición, indicando que los cambios en la composición accionaria no requieren su aprobación.

Un enfoque significativo en esta controversia está relacionado con un acuerdo de comercialización y contenidos que Canal Uno firmó con el grupo Prisa Radio, lo que ha sido criticado por Petro. El mandatario ha manifestado que dicha operación podría perjudicar el periodismo en Colombia y afectar negativamente a los trabajadores de los medios. La empresa ha defendido el acuerdo como parte de su estrategia comercial y ha afirmado que este no infringe la normativa de la concesión, enfatizando que su relación con Prisa es puramente contractual.

La respuesta de la comunidad periodística y empresarial no se ha hecho esperar. Varias voces, incluidos periodistas prominentes y líderes de opinión, han calificado la decisión de Petro como un ataque a la libertad de expresión y un acto de expropiación. Luis Carlos Vélez, periodista, alertó que abrir una licitación antes de que termine la concesión es un ataque directo a la empresa privada y a la prensa. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, también criticó la medida, argumentando que las concesiones son derechos adquiridos protegidos por la Constitución.

Además, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, advirtió que la orden de Petro significaría una expropiación y que busca unir el canal a su “máquina de propaganda”. Esta serie de reacciones pone de manifiesto el nivel de preocupación en la sociedad sobre las implicaciones que la decisión del presidente podría tener en la libertad de prensa y la pluralidad mediática en Colombia.

En resumen, la orden de Gustavo Petro de iniciar una nueva licitación para el Canal Uno ha desatado un debate intenso que pone en jaque la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Muchas voces se alzan en defensa de la independencia de la prensa, y la falta de claridad en los argumentos del Gobierno solo aumenta la incertidumbre sobre el futuro del Canal Uno y la libertad de expresión en el país.