Delcy Rodríguez y la Corte Penal Internacional: Negaciones y Desafíos
La situación en Venezuela continúa siendo un tema candente en el ámbito internacional, especialmente en relación con las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Recientemente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien reafirmó la decisión del organismo de seguir adelante con las investigaciones sobre Venezuela que datan desde 2014. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha argumentado lo contrario, la CPI mantiene firme su mandato de evaluar la situación en el país sudamericano.
Rodríguez, en su defensa, ha negado categóricamente que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, alegando que no existen delitos según el Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI. A través de sus redes sociales, la funcionaria enfatizó la voluntad del gobierno venezolano para seguir explorando “mecanismos de complementariedad positiva”, y para colaborar en materia de cooperación y asistencia técnica. Para el régimen, esta “primacía de la jurisdicción nacional” es fundamental para su defensa ante la comunidad internacional.
Uno de los puntos principales que Rodríguez presentó ante la CPI fue un estudio publicado en la revista The Lancet, que supuestamente argumenta que las sanciones internacionales han tenido un impacto negativo en la salud de la población venezolana. Según la vicepresidenta, el estudio también estima que más de 564,000 personas morirán anualmente como resultado de estas medidas económicas, afectando en su mayoría a niños y ancianos. Este argumento tiene la intención de desviar la atención de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos.
Entre tanto, la CPI ha subrayado que la continuidad del proceso de “complementariedad” depende de las acciones concretas que Venezuela implemente para garantizar una rendición de cuentas a nivel nacional. La Corte espera que el país inicie verdaderas investigaciones para abordar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso de la fuerza durante las protestas y abusos en centros de detención. Este enfoque ha sido motivo de tensión y desconfianza entre el gobierno y la CPI, que desde 2018 ha estado investigando las violaciones en Venezuela.
En el contexto de la reunión, surgen preocupaciones internas en la CPI, especialmente después de que la Sala de Apelaciones ordenara al fiscal jefe, Karim Khan, apartarse del caso debido a posibles conflictos de interés, ya que un familiar cercano es miembro del equipo legal que representa a Maduro. Este desarrollo agrega una capa adicional de complejidad a las investigaciones, afectando la percepción de imparcialidad y la efectividad del proceso judicial.
En resumen, la situación entre el gobierno venezolano y la Corte Penal Internacional ilustra la complicada dinámica entre justicia internacional y soberanía nacional. A medida que las tensiones aumentan, tanto en la presentación de argumentos como en la continuación de las investigaciones, queda por ver si el régimen de Maduro adoptará medidas que demuestren un compromiso genuino hacia la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país. La comunidad internacional, por su parte, seguirá observando esta situación de cerca, dado su impacto en la política de derechos humanos y en las relaciones diplomáticas a nivel global.
