La Conexión Venezolana en el PSOE: Análisis de Servinabar y la Controversia del Delcygate
La reciente revelación sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y su participación en la empresa navarra Servinabar ha generado inquietudes en la opinión pública. Cerdán posee el 45% de las acciones de esta compañía, que ha atraído a exfuncionarios de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana. Estas contrataciones han tenido lugar en un contexto sensible, justo dos meses antes del famoso Delcygate, donde el exministro José Luis Ábalos se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Este evento coincide con un período en que las relaciones entre España y Venezuela se tornaban cada vez más complejas.
Reinaldo Díez Esparza, un ingeniero venezolano con un pasado en Pdvsa, fue contratado por Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, en noviembre de 2019. En un principio, la empresa aún no contaba con contratos públicos significativos, pero poco después consiguió varios proyectos de gran envergadura, como la construcción del Túnel de Velate, adjudicado por el gobierno de Navarra por 86 millones de euros. Esto muestra cómo la contracción de exfuncionarios del régimen venezolano ha logrado obtener beneficios a través de acuerdos con gobiernos españoles, lo que plantea interrogantes sobre la ética y las decisiones políticas.
El "desembarco venezolano" en empresas asociadas con el PSOE cobra cada vez más relevancia, especialmente ante la ausencia de un control adecuado sobre este tipo de colaboraciones. En 2024, Servinabar amplió su plantilla con la contratación de José Lorcas, otro venezolano con experiencia en el sector, lo que refuerza la dinámica de emplear a perfiles cercanos al régimen de Maduro en proyectos financiados por el estado español. Las implicaciones de esta relación han generado críticas en diversos sectores que cuestionan la transparencia y la legitimidad de tales contrataciones.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil añaden otra capa de complejidad a este asunto. Se están analizando posibles conexiones de Servinabar con casos de corrupción, relacionados no solo con contratos de emergencia durante la pandemia, sino también con un esquema más amplio que involucra el ingreso ilegal de petróleo venezolano en España. Esto despierta preocupaciones sobre la evasión fiscal y la falta de supervisión en adjudicaciones públicas, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para las instituciones democráticas del país.
Una figura clave en este sistema de operaciones ha sido identificada como Víctor de Aldama, un empresario con fuertes lazos con Delcy Rodríguez. De Aldama ha sido señalado como quien facilitó el uso de triangulaciones para que el crudo venezolano llegara a España, a pesar de las sanciones internacionales impuestas al régimen de Maduro. Su declaración, en la que menciona al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, añade otra dimensión al debate, sugiriendo que hay altos niveles de complicidad y conocimiento dentro del propio PSOE sobre estas actividades.
Ante esta compleja serie de eventos, se hace urgente exigir rendición de cuentas y mayor transparencia en la política y en las empresas españolas vinculadas a gobiernos extranjeros. A medida que se intensifican las investigaciones y se abren más interrogantes sobre el Delcygate y la conexión con el régimen venezolano, es vital que los ciudadanos sigan de cerca estos desarrollos. La necesidad de un periodismo crítico y libre cobra aún más relevancia, ya que solo a través de una vigilancia efectiva podremos entender el impacto que estas relaciones pueden tener en el futuro político y económico de España.