La Desnaturalización de la Defensoría del Pueblo en Venezuela: Un Análisis Crítico
El informe titulado «El Argos dormido», elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, delata una preocupante realidad sobre la Defensoría del Pueblo en Venezuela. Este documento, que utiliza la metáfora de «Argos», el mitológico guardián de cien ojos, pone de manifiesto el letargo institucional de esta entidad, creada para velar por los derechos humanos de los ciudadanos. A través de un análisis exhaustivo que incluye revisiones normativas, testimonios de víctimas y comparaciones con otras experiencias regionales, el informe sostiene que la Defensoría ha fallado en su mandato fundamental.
Desde su establecimiento en 1999, la Defensoría del Pueblo ha estado destinada a proteger y promover los derechos humanos, actuando con independencia frente a los abusos del poder. Sin embargo, el actual defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, designado de forma irregular por la Asamblea Nacional Constituyente, ha transformado la institución en un mero instrumento al servicio del poder ejecutivo. Esta falta de autonomía ha llevado a una desconexión alarmante entre las funciones legales de la Defensoría y su desempeño real en la protección de los derechos humanos.
La Pérdida de Independencia y Credibilidad
Uno de los hallazgos más significativos del informe es la cooptación política que ha sufrido la Defensoría. La elección de Alfredo Ruiz como defensor del pueblo no cumplió con los procesos constitucionales establecidos, evidenciando una falta de independencia que ha erosionado la legitimidad de la institución. Esta situación ha sido señalada por entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirman que la Defensoría ha sido asimilada por el Poder Ejecutivo, comprometiendo así la división de poderes que es fundamental en cualquier democracia funcional.
Asimismo, esta degrada situación se traduce en un aislamiento internacional. Certificados de evaluación por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos han relegado a la Defensoría del Pueblo de Venezuela a una categoría inferior, afectando su capacidad para participar en foros internacionales y limitando su influencia en el ámbito global. Este retroceso es una clara indicación de la pérdida de eficacia e independencia de la institución en el ámbito de los derechos humanos.
La Omisión ante Crímenes de Lesa Humanidad
Bajo la gestión de Ruiz, el informe revela una alarmante omisión frente a denuncias de crímenes de lesa humanidad. Se reportó que más de 1.100 personas han sido víctimas de tortura, y al menos 40 han fallecido debido a esta práctica, sin que la Defensoría haya exigido responsabilizar a los perpetradores. Este vacío de acción no solo pone en entredicho la capacidad de la institución para actuar en conformidad con su legislación, sino que también representa un abandono moral hacia las víctimas de abusos graves.
Adicionalmente, la Defensoría no ha respondido a denuncias de organizaciones como Provea y Foro Penal, las cuales reportan violaciones y desapariciones forzadas. Esta falta de respuesta no solo cuestiona la efectividad de la Defensoría, sino que también expone a los funcionarios que intentan trabajar en pro de los derechos humanos en el entorno restringido del sistema actual.
Nepotismo y Falta de Transparencia
El informe también destaca otros hallazgos preocupantes, como la posible existencia de nepotismo y falta de transparencia dentro de la gestión de Alfredo Ruiz. La ocupación de posiciones clave por parte de familiares de altos funcionarios, así como la ausencia de publicaciones de informes anuales desde 2021, agravan las críticas a la Defensoría. Estas prácticas violan tanto la normativa interna como las expectativas de funcionamiento transparente que deberían regir a una institución de tal importancia.
Los testimonios de víctimas revelan un patrón sistemático de hostigamiento y rechazo ante las denuncias planteadas. Aunque algunos funcionarios regionales muestran interés en atender a las víctimas, muchos se encuentran limitados por las decisiones centralizadas que favorecen la impunidad.
Un Contraste con Otras Realidades
El informe compara la situación de Ruiz con la de Jorge Santistevan de Noriega, quien ejerció como defensor del pueblo en Perú durante un régimen autoritario. A pesar de la adversidad, Santistevan mantuvo su independencia y denunció violaciones a los derechos humanos, fortaleciendo la legitimidad institucional. Este contraste subraya que, incluso en contextos de represión, es posible actuar en defensa de los ciudadanos y los derechos fundamentales.
La inacción de la actual Defensoría, por el contrario, representa una grave injusticia y podría acarrear responsabilidades administrativas, éticas e incluso penales para Ruiz. La pasividad ante tales violaciones se traduce en complicidad y refleja un colapso institucional que requiere atención urgente.
La Necesidad de Reformas Urgente
Por último, el informe establece recomendaciones para revertir la crisis actual de la Defensoría del Pueblo. Se sugieren medidas como la necesidad de documentar y visibilizar la inacción de la institución, la educación sobre estándares internacionales de derechos humanos, y la construcción de alianzas con la sociedad civil. Asimismo, para un futuro gobierno democrático en Venezuela, se plantea la creación de un proceso de selección transparente y participativo para nuevos defensores, así como auditorías de gestiones anteriores y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía.
La realidad que enfrenta la Defensoría del Pueblo en Venezuela es alarmante y requiere de respuestas efectivas. La necesidad de reformar las instituciones esenciales del país es crucial para garantizar una reconstrucción democrática que empodere a los ciudadanos y recupere sus derechos fundamentales. Este informe debería servir como un llamado a la acción y un insumo para la justicia transicional y la rendición de cuentas en Venezuela.
