Resumen de la Audiencia en la Corte-IDH sobre la Detención Ilegal y Tortura de Jorge Rojas en 2003
El caso del estudiante venezolano Jorge Rojas Riera ha vuelto a ser objeto de atención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). En una reciente audiencia pública, los representantes legales de Rojas pidieron una condena contra el Estado venezolano por la detención ilegal y los actos de tortura que sufrió en 2003, durante las manifestaciones en protesta contra el entonces presidente Hugo Chávez. La abogada Jackeline Sandoval, quien representa a Rojas, argumentó que el gobierno violó sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad, la integridad personal y el derecho a la manifestación.
La detención de Rojas tuvo lugar el 19 de septiembre de 2003, durante una protesta en la plaza Francia de Altamira, en Caracas. Según el relato del propio Rojas, fue apresado por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención bajo condiciones brutales. Describió cómo fue golpeado y empujado por varias personas, llevado a un recinto con un fuerte foco de luz y sometido a torturas psicológicas y físicas, incluidas amenazas de ejecución. Rojas también recordó cómo casi pierde el conocimiento debido a las bolsas plásticas que le pusieron en la cabeza durante los interrogatorios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de la defensa legal de Rojas, presentó una demanda formal ante la Corte-IDH. De acuerdo con la acusación, Rojas fue sometido a múltiples formas de tortura en el centro de detención El Helicoide, que incluyeron golpizas, simulaciones de ejecución y asfixia con bolsas plásticas. En el contexto de su detención, enfrentó varios obstáculos legales: en 2004, fue condenado a más de cuatro años de cárcel por cargos que sus defensores argumentaron eran fabricados. A pesar de la condena inicial, en 2009 se dictó su libertad plena, al extinguirse su responsabilidad penal.
La audiencia ante la Corte-IDH no estuvo acompañada de representantes del Estado venezolano, que ha optado por no participar en estas instancias durante los últimos años. Esto plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno venezolano con los derechos humanos y el respeto a los procedimientos internacionales. La Corte-IDH se espera que emita su fallo en los próximos meses, pronunciándose sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas por Rojas y los argumentos presentados por su defensa.
Este caso es símbolo de la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde muchos ciudadanos han sido víctimas de abusos por parte del Estado. Las evidencias presentadas por la CIDH durante la audiencia subrayan la necesidad urgente de justicia y reparación para las víctimas de tortura y detención ilegal en el país. La comunidad internacional también sigue de cerca este caso, ya que sentará un precedente relevante sobre la inviolabilidad de los derechos humanos en la región.
Finalmente, el respaldo a la labor periodística independiente en Venezuela es crucial para que estos casos de violaciones de derechos humanos sigan siendo reportados y no caigan en el olvido. La protección y difusión de estas historias resulta vital para fomentar un debate crítico sobre la situación del país y para garantizar que las voces de los afectados sigan siendo escuchadas.
