Condenas a Largo Plazo por Trata de Personas en Venezuela: Un Caso que Marca la Lucha Contra el Delito
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela ha reafirmado la condena de 30 años impuesta a Iverson Steven Rodríguez y Stephany Andreína Aranguren, quienes fueron hallados culpables de trata de personas y asociación para delinquir. Esta decisión, contenida en la sentencia N° 493, representa un paso significativo en la lucha contra la explotación sexual en el país. Con la sentencia, el TSJ busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de involucrarse en delitos que atentan contra la dignidad y los derechos de las personas.
El caso se remonta al juicio llevado a cabo por el Tribunal 5° de Juicio con Competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer, el pasado 2 de noviembre de 2023. Durante el proceso, se presentó evidencia contundente que demostraba cómo los acusados captaban a mujeres jóvenes para explotarlas sexualmente, trasladándolas desde Caracas a Colombia. El tribunal determinó que Iverson Rodríguez era el responsable de la captación de las víctimas, que eran posteriormente sometidas a prácticas de explotación en el extranjero, específicamente en la localidad de Ceiba del Norte.
En el juicio también se estableció la participación de Stephany Aranguren, quien facilitaba el uso de su teléfono móvil para que Rodríguez pudiera comunicarse con las potenciales víctimas. A su vez, Jean Carlos Morillo Sequera, otro de los acusados, recibió una condena más leve de 14 años por su implicación en el tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir. Él era responsable de recibir a las víctimas en un terminal de pasajeros en San Cristóbal antes de enviarlas a Colombia.
A pesar de la evidencia presentada, los defensores de los acusados presentaron un recurso de casación ante la Sala Penal del TSJ, buscando revertir las condenas. Argumentaron que el tribunal de juicio no había especificado el lugar ni el tiempo de existencia de la supuesta red de trata de personas, y sugirieron que la captación de mujeres estaba motivada por la crisis económica del país y no por un interés en explotarlas. No obstante, los magistrados encontraron que estos argumentos buscaban una reconsideración del juicio, lo que no es procedente en un recurso de casación.
Las condenas originales fueron ratificadas por la Corte de Apelaciones el 15 de noviembre de 2024, lo que subraya la seriedad con la que el sistema judicial venezolano aborda los delitos de trata de personas. La decisión del TSJ de dejar incólume la pena máxima para Rodríguez y Aranguren, así como la de 14 años para Morillo, marca un hito en la lucha contra la trata de personas en Venezuela, donde este flagelo ha crecido significativamente en años recientes.
Este caso no solo destaca la condena a los culpables, sino también la importancia de crear conciencia sobre la trata de personas y sus implicaciones. El tribunal ha puesto en evidencia un problema social urgente que afecta a muchas mujeres jóvenes en el país. La lucha contra la trata de personas requiere un enfoque integral que incluya no solo la sanción a los responsables, sino también medidas preventivas, de educación, y atención a las víctimas.
