La Libertad de Expresión en Venezuela: Un Informe Alarma sobre la Situación Actual
En el mes de marzo, la ONG Espacio Público ha revelado en su más reciente informe la alarmante situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Se documentaron ocho casos que resultaron en un total de 13 violaciones a este derecho fundamental. La información destaca cinco actos de censura, tres casos de hostigamiento judicial y dos detenciones, lo que subraya un patrón creciente de represión informativa en el país. Dentro de las 16 víctimas reportadas en el informe, se encuentran tres periodistas, dos medios de comunicación y dos páginas web, elevando el total a 43 víctimas en el primer trimestre del año.
Uno de los casos más notorios involucró al periodista Román Camacho, quien fue detenido el 4 de marzo en un centro comercial en Sucre, Miranda. Camacho fue trasladado a una sede del CICPC en El Hatillo y liberado el 6 de marzo, aunque enfrenta cargos por incitación al odio y difusión de “noticias falsas”, según lo señalado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Este caso pone de relieve el riesgo al que se enfrentan los profesionales de la comunicación en un entorno donde crear y compartir información se ve constantemente amenazado por las autoridades.
El allanamiento del apartamento de la periodista Charito Rojas en Valencia el 18 de marzo también acaparó la atención. Esta acción fue ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ministerio Público, y está relacionada con una orden de captura del año 2024 por supuesta estafa. Este tipo de hostigamiento pone en evidencia cómo las autoridades utilizan tácticas intimidatorias para silenciar la voz de los periodistas y disuadir la publicación de críticas al gobierno. Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) revocó el 14 de marzo los permisos de operación de Supercable, citando violaciones a los derechos de los usuarios. La empresa afectada sostiene haber actuado conforme a la ley y ha anunciado su intención de apelar la decisión que impacta a miles de usuarios en el país.
A medida que avanzamos en este análisis, es crucial mencionar que el control sobre los medios de comunicación y el acceso a la información se ha intensificado, especialmente tras las críticas dirigidas a la agencia EFE por parte de Diosdado Cabello. Como resultado, la página web de EFE fue bloqueada por los principales operadores de internet en Venezuela, lo cual ilustra la falta de libertad en el ámbito digital y la controlada narrativa impuesta por el Estado. Este tipo de acciones no solo obstaculiza el trabajo de los periodistas nacionales e internacionales, sino que también limita la capacidad de la ciudadanía para acceder a información objetiva y veraz.
En otro acontecimiento, el estudiante Juan Francisco Alvarado fue detenido el 20 de marzo en Cojedes por la GNB, aparentemente por publicaciones realizadas en Facebook. Este caso refleja cómo el ámbito digital se ha convertido en un terreno de vigilancia y represión, donde la expresión de opiniones puede llevar a severas consecuencias legales. Además, el gobierno decidió reducir la jornada laboral en el sector público el 24 de marzo por lo que se describió como una “emergencia climática”, lo que ha afectado severamente el acceso a la justicia. Esta medida, que derivó en la postergación de muchas audiencias, ha limitado las oportunidades para que ciudadanos como Rocío San Miguel puedan ejercer su derecho a un juicio justo.
Un dato alarmante del informe de Espacio Público es que nueve de los diez victimarios señalados están vinculados al Estado, con seis instituciones y tres cuerpos de seguridad implicados en estas violaciones a la libertad de expresión. Esto sugiere que el sistema judicial y las fuerzas del orden están siendo utilizadas como herramientas de represión en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos. Esta situación avanza día a día, agravando la ya precaria realidad de los derechos humanos en Venezuela.
Espacio Público concluye que estas serias violaciones limitan gravemente el derecho a la información y tienen un efecto profundamente negativo en la calidad del debate democrático en el país. La represión de la libertad de expresión en Venezuela no solo afecta a los periodistas y medios de comunicación, sino a toda la población que depende de una información veraz y plural para tomar decisiones informadas. La comunidad internacional debe estar atenta a estos sucesos y alentar al gobierno venezolano a respetar y defender los derechos humanos fundamentales, en un momento en que la libertad de expresión se convierte en un tema central para la democracia y la paz en el país.
