Limitaciones en la Regularización de Venezolanos en Colombia Bajo el Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro ha implementado cambios significativos en la política migratoria hacia los venezolanos, restringiendo las opciones de regularización que existían anteriormente. Esta nueva ruta ha generado preocupación entre los migrantes, ya que muchos se ven ahora sin alternativas claras para obtener un estatus legal en Colombia. Históricamente, las administraciones previas habían desarrollado estrategias que permitían una migración más segura y organizada, pero las decisiones recientes han complicado la situación para aquellos que buscan establecerse legalmente.
Uno de los sectores más afectados son los migrantes venezolanos que, a pesar de haber residido de manera regular en Colombia durante varios años, siguen enfrentando obstáculos para acceder a la cédula de extranjería. Entre quienes han llegado recientemente o no tramitaron su estatus en el tiempo indicado, la única opción disponible es una visa especial de visitante. Sin embargo, este procedimiento ha demostrado ser complejo y difícil de obtener, generando incertidumbre entre los solicitantes. De acuerdo con informes, solo el 11.6% de las solicitudes de visa especial presentadas por venezolanos han sido aprobadas, lo que evidencia la escasez de soluciones viables para la regularización.
La resolución vigente desde diciembre de 2024 ha contribuido a que muchos migrantes permanezcan en Colombia sin un estatus legal claro. La situación se ha visto agravada por una ola migratoria que ha incrementado desde los eventos electorales recientes en Venezuela. Este flujo no solo incluye a ciudadanos comunes, sino también a figuras políticas y activistas de derechos humanos que buscan un refugio. La prensa colombiana ha destacado esta situación, poniendo de relieve la creciente necesidad de soluciones efectivas que permitan la integración y protección de estos migrantes.
En cuanto a la documentación requerida por el gobierno colombiano, las exigencias son rigurosas. Se requiere que los solicitantes presenten documentos apostillados, comprobantes de ingresos, registros de sus movimientos migratorios y datos sobre las personas que conviven con ellos. Además, deben adjuntar su último título académico o una carta que respalde su capacidad económica. Estos requisitos han demostrado ser una barrera significativa para muchos venezolanos, quienes encuentran dificultades para recopilar toda la documentación necesaria.
César González, abogado de la ONG Plan País, ha señalado que esta situación conlleva consecuencias graves para los migrantes. Uno de los problemas más alarmantes es la falta de garantía de derechos y la poca inclusión laboral que enfrentan. Se estima que entre 1.2 y 1.5 millones de venezolanos se encuentran en situación irregular, sin registro y, por lo tanto, sin acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. Esta precariedad limita sus opciones y contribuye a un ciclo de incertidumbre y vulnerabilidad.
La limitación de las alternativas de regularización para los venezolanos en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro es un desafío crítico que necesita atención urgente. Las estrategias migratorias más restrictivas no solo afectan a los migrantes en términos de estatus legal, sino que también tienen repercusiones sociales y económicas para el país. Es fundamental que se desarrollen políticas inclusivas que aseguren la protección de los derechos de estos migrantes y faciliten su integración en la sociedad colombiana, promoviendo así un futuro más esperanzador para todos.
