La Violación de los Derechos de Adolescentes en Venezuela: Un Llamado de Provea
En Venezuela, la organización no gubernamental Provea ha denunciado la grave situación de cuatro adolescentes que se encuentran detenidos injustamente por motivos presuntamente políticos. Gabriel Rodríguez, Ángel González, Abraham Rivero y Lusneidel Zuñica han sido acusados de terrorismo y enfrentan serias violaciones a sus derechos humanos y a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
Gabriel Rodríguez, de 16 años, fue detenido en Cabudare. Su arresto se produjo sin una orden judicial el 9 de enero de 2025 cuando salía de su trabajo en una panadería, simplemente por llevar un atuendo considerado sospechoso. En el caso de Ángel González, arrestado en La Guaira en agosto de 2024, su situación es igualmente preocupante: se encuentra incomunicado desde su detención en medio de protestas postelectorales, con su familia bajo presión para que declare su culpabilidad sin pruebas que sustenten la acusación.
Abraham Rivero, también de 16 años, fue detenido durante manifestaciones tras las elecciones presidenciales en La Guaira el 29 de julio de 2024. Su proceso judicial ha estado marcado por audiencias irregulares que carecen de legalidad y están llenas de contradicciones. A su vez, Lusneidel Zuñica fue arrestado el mismo día que Rivero y presentado ante tribunales sin acceso a un abogado ni a pruebas en su contra, evidenciando una clara violación de sus derechos.
Provea ha señalado que estos casos representan una violación a múltiples leyes y convenios internacionales que protegen los derechos de los adolescentes. El artículo 37 de la Lopnna y el artículo 44 de la Constitución venezolana prohíben la detención sin orden judicial y garantizan el acceso a un juicio justo. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ningún niño debe ser objeto de detención arbitraria y que deben ser tratados con dignidad.
La ONG ha expresado su profunda preocupación por la sistemática criminalización de adolescentes en un contexto de represión política en el país. “La infancia no se encarcela ni se silencia”, reclama Provea, responsabilizando al Estado venezolano de estas violaciones y exigiendo la liberación inmediata de estos jóvenes. Este grupo de adolescentes no solo ha sido privado de libertad erróneamente, sino que también ha vivido situaciones de aislamiento y tortura en un ambiente de total opresión.
Al final, el llamado a la comunidad internacional es urgente. Es indispensable que organismos y defensores de derechos humanos presionen al gobierno venezolano para que respete las convenciones y leyes que protegen a los niños y adolescentes. La situación actual no solo refleja un obstáculo en la justicia venezolana, sino un futuro incierto para las próximas generaciones que deben crecer en un ambiente de paz y respeto a sus derechos fundamentales.
