Controversia Legal en Farma Expres: Conflicto Entre Socios Llega al Tribunal Supremo de Justicia
La reciente intervención de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela ha puesto de manifiesto una controversia que involucra a los socios del grupo empresarial Farma Expres, instalada en la región de Zulia. A través de la sentencia 00988, redactada por el magistrado Malaquías Gil y respaldada por sus colegas Juan Carlos Hidalgo Pandares y Emilio Ramos González, se reconoce un desorden procesal en la tramitación de este caso. Este problema ha surgido entre Sahar Carolina Boudakka y Mouhamed Douglas Charaf Yundi, quienes, tras diez años de operar juntos para la distribución de productos farmacéuticos, se encuentran en un enfrentamiento judicial que ha escalado a nuevas dimensiones.
La raíz del conflicto se encuentra en la reciente decisión de Mouhamed Douglas de registrar el nombre de Farma Express DCH como propio, un movimiento que ha desencadenado una serie de alegaciones legales de parte de su socia Sahar Boudakka. Según su narrativa, Mouhamed actuó de "mala fe", presentando información incompleta al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y ocultando detalles relevantes de la sociedad y sus fondos de comercio. Boudakka alega que esta acción fue unilateral y perjudicial, lo que llevó a que interpusiera una demanda ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental para resguardar sus derechos como socia.
En el contexto de esta disputa, la situación se complicó aún más cuando Sahar Boudakka denunció a Mouhamed Charaf por extorsión, acusándolo de exigir dos millones de dólares a cambio de no cerrar las sucursales de Farma Express que ella y su hermano Samer administran. Esta denuncia surgió después de que Mouhamed notificara a Boudakka de un plazo de 30 días para cambiar el nombre de las farmacias por uno que no fuera similar al que él había registrado. A pesar de la gravedad de la acusación, la Fiscalía Superior del Zulia desestimó la denuncia, señalando que no se trataba de un caso penal sino de una controversia civil.
El Ministerio Público, aunque inicialmente desestimó la denuncia de Sahar Boudakka, luego decidió imputarla a ella y otros socios a instancias de Mouhamed, quien también había presentado quejas similares. Este cambio de dirección en el abordaje del caso ha generado confusión y descontento entre los imputados, quienes consideran que el Ministerio Público muestra criterios contradictorios al lidiar con este asunto, cambiando de perspectiva sobre la naturaleza penal o civil del conflicto según quien presente la denuncia.
La situación se agrava en medio de una supuesta "mafia judicial" en Zulia, un término lanzado por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, quien recientemente reveló arrestos de altos funcionarios judiciales vinculados a actividades delictivas, incluyendo narcotráfico. Estas acusaciones han puesto en entredicho la integridad de las instituciones en la región y han alimentado la percepción de que el caso de Farma Expres está imbuido en una red más amplia de corrupción y manipulación judicial. Las ramificaciones de este escándalo han afectado a varios funcionarios y han resultado en la captura de alcaldes en Zulia, complicando aún más el panorama judicial en la región.
Este conflicto en el seno de Farma Expres no solo destaca las luchas internas de una empresa en expansión, sino que también refleja problemas más serios dentro del sistema judicial venezolano. La mezcla de disputas comerciales con el trasfondo de corrupción institucional plantea serios interrogantes sobre el acceso a la justicia y la capacidad del sistema legal para manejar casos complejos que involucran intereses comerciales. A medida que este caso avanza, será crucial observar cómo se desarrollan las decisiones judiciales y si el TSJ puede ofrecer una solución justa, marcada por la transparencia y la equidad, en un contexto tan dramático y, a menudo, controvertido.
Finalmente, la situación en Farma Expres pone de relieve no solo la necesidad de resolver disputas comerciales de manera efectiva, sino también de fortalecer la confianza en el sistema legal. Las acciones de los actores involucrados, tanto en la empresa como en las instancias judiciales, serán fundamentales para determinar el futuro no solo de los socios en conflicto, sino también para el modelo empresarial y la legitimidad de las instituciones en Venezuela. La resolución de este caso podría tener implicaciones importantes en la forma en que se gestionan las disputas comerciales en el país y en la restauración de la fe pública en el sistema judicial.
